SENTIDO COMÚN ANTE LA TRAGEDIA DE LAS INUNDACIONES.
- Se entiende como la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto.
Un padre o una madre, como jefes de familia, determinan con el ingreso de uno o ambos el destino del patrimonio para solventar las necesidades propias y de sus hijos; mayoritariamente ponderando la alimentación, el vestido, la vivienda arrendada o propia, la salud, la educación y aquellos satisfactores más sofisticados; que no atienden a necesidades básicas.
Bajo dicho criterio, un clan familiar cuyos lazos de parentesco los unen y que comparten el mismo nivel socioeconómico; generalmente privilegian las necesidades básicas de sus integrantes y soslayan la adquisición de bienes o servicios; que por su costo se encuentren fuera de su alcance y/o que les implique una dificultad o el sacrificar el bienestar del grupo; hasta en tanto no cuenten con una solvencia económica extraordinaria que facilite y justifique ese egreso sin deterioro a dicho status.
Sin embargo, es inevitable el tratar de entender las políticas públicas cuando tenemos con motivo de las recientes inundaciones. Estados con pérdidas altamente significativas; de vidas humanas, ganado, vivienda, menajes de casa que comprenden sus camas, refrigeradores, estufas, lavadoras y otros enseres domésticos, que eran su único patrimonio familiar y hoy lo perdieron todo.
No obstante lo anterior y sin menoscabo de las toneladas de alimento y el invaluable socorro de las Fuerzas Armadas del país, en beneficio de la población civil, y los pretendidos $10,000.00 pesos anunciados por familia censada afectada por dicho siniestro natural que será cercana a los 200 millones de pesos; ya que han difundido que 20,000 familias aproximadamente recibirán dicho beneficio; dicha suma palidece; ante el costo real; que supusiera una real restitución a estos mexicanos.
El limitarnos como sociedad y connacionales a observar dicha aportación gubernamental tan limitada; debiéramos asumir, cual sería nuestra postura personal, como si fueran nuestras entidades las que estuvieran sufriendo dichas afectaciones; después de 10, 15 o 20 días, bajo agua, es obvio que no habrá rescate alguno de bienes; aunado a riesgos de la Pandemia y Epidemias propias del agua sucia estancada y sin percibir ingresos; dadas las condiciones de miseria generadas; circunstancias contrastantes con el costo por ejemplo de una consulta popular valuada conservadoramente en $1,500 millones de pesos; o en inversiones no menos importantes; pero en este momento; no prioritarias.
Valdría la pena conocer que capacidades están siendo utilizadas para juzgar razonablemente situaciones de la vida cotidiana; como las aquí descritas; que justifiquen tanto desacierto.